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Cerca de cuatro millones de
ciudadanos no pueden acceder a la banda ancha en España en función de
su sitio de residencia; a este indicador negativo para el desarrollo de
la Sociedad de la Información en España, se le podrían sumar bajas
masivas de clientes del Adsl más lento y caro de Europa.
Las entidades representativas de la
comunidad internauta, los profesionales y los consumidores informáticos
en España estiman en cuatro
millones la cifra de clientes de banda ancha -Adsl y cable-modem- que
podrían darse de baja, si finalmente se confirma el acuerdo que RedTel
las sociedades de gestión de los derechos de autor, abanderadas por la
Sgae, para que en España se dé tres avisos antes de desconectar o
ralentizar la conexión a Internet por usar redes P2P. A la disminución
de ingresos se sumarían las posibles indemnizaciones que podrían
derivarse por incumplimiento de contrato de las operadoras y las
sanciones aplicables en base a los artículos 8
("Restricciones a la prestación de servicios y
procedimiento de cooperación intracomunitario") y 11 ("Deber
de
colaboración de los prestadores de servicios de intermediación") de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico,
modificado por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de
Impulso de la Sociedad de la Información.
Mientras las operadoras de
telecomunicaciones tratan de sortear la crisis, las sociedades de
gestión de los derechos de autor, intentan conseguir prebendas para las
empresas productoras de contenidos tratando de convencer a todo el
mundo de que el intercambio de archivos entre particulares por Internet
es un acto delictivo y que supone fuertes pérdidas al sector de
entretenimiento.
Sin embargo tanto la fiscalía como
las
sentencias dictadas establecen que el intercambio de archivos con
copyright restrictivo por redes P2P no es un delito y no es punible de
ninguna forma cuando se trata de archivos públicos o bajo licencias
copyleft (la mayoría de los casos)
Las propias entidades de gestión de
derechos de autor han reconocido en el "Informe
de la industria de contenidos en España", publicado por ASIMELEC,
que no hay una bajada de ingresos en el sector y que solo la música
tiene un retroceso en la venta a través del canal tradicional (aunque
no se informa del aumento de ingresos por, entre otros, actuaciones en
directo, descargas y publicidad)
Lo cierto es que las negociaciones
que
se están llevando a cabo bajo el auspicio del Ministerio de Cultura,
pueden suponer que algunas de las empresas más solventes y con mayor
capacidad tecnológica de España empiecen a perder clientes a marchas
forzadas. Lo que repercutirá en su cuenta de resultados y en su
capacidad de mantener el empleo.
Pero lo más grave es que un acuerdo
de
esta naturaleza atenta contra la libre competencia, frena en
seco el
acceso a la Sociedad de la Información en España menoscabando
los
derechos civiles de los ciudadanos y alejando aún más el
derecho
constitucional de acceso a la cultura y al conocimiento.
Firmado:
Alfonso Moratalla Moreno, Presidente de Linux Albacete
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